El 1 de agosto de 2024 entró en vigor el Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial —el AI Act—, el primer marco regulatorio integral del mundo para la IA. No en 2026, no "próximamente": ya está en vigor.
Treinta meses después, la mayoría de ayuntamientos españoles siguen contratando, usando o planificando sistemas de IA sin saber exactamente a qué les obliga este reglamento. Y algunos de los plazos más importantes ya han vencido.
La confusión que más daño está haciendo
Existe una lectura muy extendida —y muy equivocada— del AI Act en el sector público: "las obligaciones más duras aplican en agosto de 2026, así que por ahora no hay que hacer nada".
Es un error de lectura con consecuencias reales.
Sí es cierto que las obligaciones para sistemas de IA de alto riesgo se aplican completamente desde agosto de 2026. Pero el reglamento ya exige a cualquier organismo público que use IA lo siguiente, desde agosto de 2024:
- Prohibición de determinadas prácticas de IA — sistemas de puntuación social ciudadana, IA de manipulación subliminal, reconocimiento de emociones en entornos públicos. Prohibidas desde el primer día.
- Obligaciones de transparencia básica — si usas un sistema de IA en contacto con ciudadanos, tienes que informarles. Sin excepción. Ya obligatorio.
- Deber de diligencia en la contratación — cuando contratas un sistema de IA, eres responsable de verificar que el proveedor cumple el AI Act. No puedes delegar esa responsabilidad con una cláusula contractual.
¿Qué cuenta como "sistema de IA" en un ayuntamiento?
Más cosas de las que se suele pensar.
El AI Act define "sistema de IA" de forma deliberadamente amplia: cualquier sistema basado en aprendizaje automático, lógica estadística o procesamiento de lenguaje natural que produzca resultados que influyan en decisiones o interacciones reales.
Bajo esa definición, entran:
- Chatbots y asistentes virtuales de atención ciudadana (con o sin integración en la sede electrónica)
- Sistemas de clasificación automática de expedientes o documentos
- Herramientas de análisis predictivo del gasto o la demanda de servicios
- Buscadores semánticos en portales de tramitación
- Incluso algunos filtros automáticos de spam en registros electrónicos, si usan modelos de lenguaje
Si tu ayuntamiento tiene alguno de estos sistemas funcionando —o tiene previsto contratarlo—, el AI Act ya te afecta.
La clasificación que define tus obligaciones
El AI Act organiza los sistemas de IA en cuatro categorías de riesgo. Para los ayuntamientos, las dos relevantes son:
Riesgo limitado — La mayoría de chatbots y asistentes virtuales de información caen aquí si no toman decisiones que afecten directamente a derechos individuales. Las obligaciones son básicamente dos: transparencia (el ciudadano debe saber que habla con una IA) y no hacer nada de lo que está prohibido en la categoría "inaceptable".
Riesgo alto — Aquí entran sistemas que intervienen en decisiones sobre el acceso a servicios públicos, gestión de expedientes de subsidios, evaluación de riesgo en servicios sociales o herramientas usadas por la Administración de Justicia o las fuerzas de seguridad. Estas plataformas necesitan documentación técnica, registro en la base de datos europea de IA y auditoría antes de desplegarse.
El error más frecuente es clasificar mal. Un chatbot que solo informa sobre horarios de oficina y cómo presentar un formulario es riesgo limitado. Un sistema que recomienda al trabajador social si un expediente de ayuda social merece o no aprobación urgente podría ser riesgo alto.
Los tres errores más comunes en ayuntamientos
1. Contratar sin cláusulas AI Act. Los pliegos de condiciones técnicas de muchos ayuntamientos todavía no incluyen requisitos de cumplimiento del AI Act. Si el proveedor incumple el reglamento, el ayuntamiento comparte responsabilidad como "desplegador" (deployer) del sistema.
2. No informar al ciudadano. Si tienes un chatbot en la web municipal, hay que dejar claro que es un sistema de IA. No vale el asterisco pequeño ni el texto en letra gris al pie. El AI Act exige que la información sea clara, comprensible y accesible.
3. Cruzarse de brazos esperando a 2026. Las obligaciones de transparencia y las prohibiciones absolutas ya están vigentes. Y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) ya tiene mandato para inspeccionar.
Lo que tienes que hacer esta semana
Si eres el responsable de transformación digital, CIO o secretario general de un ayuntamiento:
Haz un inventario rápido. Lista todos los sistemas que podrían ser "IA" según la definición amplia del reglamento. Incluye lo que está en marcha y lo que está en fase de contratación.
Clasifica el riesgo. Para cada sistema, determina si es riesgo limitado o alto según el Anexo III del AI Act. Para los chatbots de información general, casi siempre será riesgo limitado.
Revisa los contratos en curso. Asegúrate de que incluyen cláusulas de responsabilidad AI Act y que el proveedor puede acreditar que cumple.
Añade el aviso de IA. En todos los sistemas de IA en contacto con ciudadanos, incluye una mención clara y visible. Esto es obligatorio ya.
Prepara el expediente de cumplimiento. Para agosto de 2026 necesitarás documentación técnica de los sistemas de riesgo alto. Cuanto antes empieces a construirla, mejor.
Para un análisis más profundo de qué implica el AI Act para administraciones públicas —con clasificación de sistemas, plazos exactos y checklist de cumplimiento—, consulta nuestra guía completa:
→ Reglamento IA Europeo para administraciones públicas: guía definitiva 2026
→ ENS e Inteligencia Artificial: qué nivel exige la normativa